José González Valencia es un hombre de muchos nombres.
Entre sus camaradas en el Cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los carteles de drogas más poderosos y violentos de México, es conocido como Chepa, Santy y Camarón.
También es presuntamente miembro del grupo financiero y de lavado de dinero del cartel, Los Cuinis, que lleva el nombre de una ardilla mexicana que se reproduce con velocidad.
Pero en Bolivia, donde pasó más de dos años evadiendo la justicia, se le conocía como Jafett Arias Becerra, un ganadero respetable.
Bajo esta apariencia, el poderoso narcotraficante escapó de la atención de las autoridades de Estados Unidos, México y Bolivia, aunque el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su captura. Obtuvo un documento de identidad boliviano, compró un terreno en un exclusivo complejo residencial y se convirtió en un exitoso criador de ganado cebú, según conoció OCCRP.
González Valencia entró y salió de Bolivia varias veces en 2016 y 2017, planteando la pregunta de cómo le fue tan fácil vivir cómodamente como un ganadero adinerado cuando era buscado por Estados Unidos por cargos de conspiración para distribuir grandes cantidades de cocaína.
Las autoridades bolivianas culpan a México por la falla, pero también admiten que la fértil región de Santa Cruz, conocida como “el granero de Bolivia”, es un popular escondite para los narcotraficantes. Reconocen que necesitan acorralar a los criminales como Camarón que encuentran allí un refugio.
El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha alarmado a las autoridades de Estados Unidos y México con sus brutales tácticas y su rápido crecimiento desde que se formó en 2011.
Con sede en Guadalajara, la capital del estado mexicano de Jalisco, el CJNG está detrás de algunos de los crímenes de drogas más infames de la última década, incluida la tortura y masacre de 35 miembros de un cartel rival en Veracruz en 2011 y el derribo de un helicóptero militar con un lanzacohetes en 2015. El cartel incluso utiliza el canibalismo como un rito de iniciación para los nuevos miembros.
El CJNG ahora tiene presencia en la mayor parte de México y conexiones en el resto de Latinoamérica, Estados Unidos, Asia, Europa y Australia. Según el ex fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, el cartel es responsable del tráfico de al menos cinco toneladas de cocaína y metanfetamina a Estados Unidos.
En octubre pasado, Sessions anunció nuevas medidas dirigidas al CJNG, incluidas grandes recompensas por la captura de sus líderes y sanciones económicas contra varios de Los Cuinis. También reveló acusaciones contra 11 presuntos miembros del cartel, incluido José González Valencia.
Sessions denominó al CJNG uno de los cinco grupos criminales transnacionales más peligrosos del mundo.
“Los estamos golpeando desde todos los lados y con cada arma que tenemos”, dijo en una conferencia de prensa. “Están en nuestra mira. Este cartel es una prioridad absoluta”.
Como muchas organizaciones criminales, el CJNG es un asunto de familia. José González Valencia –el hombre que vivió como ganadero en Bolivia– es el cuñado de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como “El Mencho”.
El ascenso y la expansión del cartel se deben en gran parte a Los Cuinis, que, según funcionarios de Estados Unidos, está dominado por la familia González Valencia.
La esposa de El Mencho, Rosalinda González Valencia, y tres de sus hermanos, José, Gerardo y Abigael, jugaron un papel importante en el establecimiento y operación de Los Cuinis, siendo Abigael o “El Cuini”, la ardilla principal.
En una entrevista con la revista de noticias mexicana Proceso en 2015, un funcionario de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) describió a El Cuini como un traficante inteligente cuya estrategia de diversificación diferencia al CJNG de otros carteles.
“‘El Cuini’ se concentró en asociarse con narcotraficantes y narcoinsurgentes de Colombia y otros países de Sudamérica para vender cocaína y otras drogas en Europa, sin fijarse en Estados Unidos. Eso marcó una gran diferencia en términos de las ganancias que ha obtenido”, dijo.
“‘El Cuini’ y ‘El Mencho’ entendieron que había más riesgo de pérdidas en todos los sentidos si se ponían a competir con otros carteles por el mercado de Estados Unidos”, dijo otro funcionario a la revista.
José González Valencia se hizo cargo de las finanzas del cartel luego de que su hermano Abigael fuera arrestado en febrero de 2015, según el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, una agencia de inteligencia mexicana. También fue presuntamente responsable de brindar seguridad al líder, El Mencho, de hacer alianzas con grupos criminales en Asia y Europa, y de establecer relaciones con traficantes de armas en Estados Unidos y Centroamérica, informó el periódico mexicano La Jornada.
Pero a pesar de su alto perfil, José González Valencia se movilizó fácilmente de Guadalajara a Bolivia, ingresando al país por primera vez a finales de ese año. Su boleto fue un pasaporte mexicano que había obtenido en Guadalajara en 2013 bajo el nombre de Jafett Arias Becerra.
No está claro qué hizo él para obtener ese documento, pero le otorgó años de libertad. En 2016, el año siguiente de su llegada por primera vez a Bolivia, lo utilizó para obtener una identificación boliviana para extranjeros. También se le concedió una permanencia temporal válida por un año y aplicó para una segunda permanencia que tendría validez hasta marzo de 2019.
Los registros judiciales muestran que los funcionarios estadounidenses habían estado al tanto de su alias desde enero de 2016. Pero según las autoridades bolivianas, Interpol nunca emitió ninguna alerta para “Jafett Arias Becerra”.
González Valencia pudo viajar entre Bolivia y Brasil sin levantar sospechas al menos tres veces: en octubre de 2016, marzo de 2017 y diciembre de 2017, según los registros fronterizos obtenidos por el socio brasileño de OCCRP, Revista Época.
Ni Interpol ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos comentarían sobre la falla.
El narcotraficante pudo vivir libremente en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, como “Jafett Arias Becerra”.
Posteriormente le dijo a los funcionarios brasileños que eligió a Bolivia porque quería empezar de cero en un lugar tranquilo, sin esconderse de la ley.
“Yo quería vivir en una ciudad con tranquilidad, en otro país donde nadie me conociera”, dijo.
Al llegar, hizo conexiones en un nuevo campo, la cría de ganado, en un lugar donde la carne es un gran negocio.
“Nosotros somos alrededor de 2,5 millones de habitantes en el departamento de Santa Cruz, entonces básicamente las cabezas ganaderas nos triplican en número”, dijo José Alberti, un economista boliviano.
En octubre de 2016, González Valencia compró un terreno de 1.355 metros cuadrados en Urubó, un área residencial exclusiva de la capital de Santa Cruz, Santa Cruz de la Sierra, según documentos obtenidos por el socio de OCCRP, El Deber. Un experto local en bienes raíces dijo que tal compra, en una urbanización que cuenta con canchas de tenis y una piscina semi-olímpica y se promociona como “un hito arquitectónico que no tiene comparación”, habría costado alrededor de 200.000 dólares en ese momento.
El siguiente mes, según los documentos obtenidos por OCCRP, González Valencia se unió a la principal asociación de cría de ganado de Bolivia, la Asociación Boliviana de Criadores de Cebú (ASOCEBÚ).
Una gran parte del ganado vacuno en Bolivia es cebú; una vaca relativamente pequeña con una gran joroba, originaria del subcontinente indio pero que se adapta bien a otros ambientes cálidos. Alberti dijo que los futuros miembros de un gremio como ASOCEBÚ deben presentar una extensa documentación que acredite sus credenciales de cría de ganado, describiendo los requisitos como un “filtro” para prevenir que el dinero del narcotráfico ingrese a la industria ganadera de Bolivia.
Los requisitos de admisión incluyen un título de propiedad y un plano de ubicación de la cabaña o propiedad ganadera del solicitante, y un certificado de antecedentes policiales. Los extranjeros también deben presentar un documento oficial de identidad boliviano.
No está claro en dónde está ubicada la cabaña de González Valencia, si tiene una. Pero en abril de 2017, él expuso cuatro de sus vacas en la Feria Agropecuaria Internacional de Santa Cruz, la exposición agropecuaria más grande de Bolivia, como representante de una cabaña llamada La Luz. También exhibió ganado en otras dos ferias importantes ese año, y fue destacado como uno de los mejores expositores en dos categorías.
Fernando Baldomar, el gerente general de ASOCEBÚ, confirmó que González Valencia cumplió con todos los requisitos del grupo, incluida la presentación de una identificación auténtica del gobierno boliviano. Pero dijo que la asociación no da a conocer información relacionada con cabañas particulares.
González Valencia no pudo ser contactado para obtener su comentario. Su abogado respondió las preguntas iniciales sobre el proceso de extradición de su cliente, pero no respondió a las llamadas posteriores. Los periodistas no pudieron obtener ningún comentario sobre el negocio ganadero de González Valencia.
Lo más inusual que hizo González Valencia en Bolivia pudo haber sido unirse a ASOCEBÚ.
Alberti, el economista boliviano, dijo que los ganaderos extranjeros de dudosa procedencia rara vez se asocian o registran formalmente el ganado, pasos que hacen que sea más fácil rastrearlos.
Aparte de esto, González Valencia no fue el primero en esconderse de esta manera. Hablando bajo condición de anonimato por cuestiones de seguridad, un agente antinarcóticos boliviano dijo que los narcos extranjeros comúnmente se hacen pasar por ganaderos en el país. Dijo que usualmente establecen estancias ganaderas en áreas remotas donde pueden establecer pistas de aterrizaje clandestinas y laboratorios de drogas.
En enero, Mario Morfulis, un argentino que ha sido buscado por Interpol desde 2013, fue arrestado en Bolivia, donde vivía como ganadero. Fue miembro del clan Castedo, una organización de narcotráfico que opera en el norte de su país de origen. Según las autoridades argentinas, Morfulis, “nacionalizado boliviano”, utilizó documentos falsificados para ocultar su identidad.
En 2017, un vehículo blindado que transportaba 1,3 millones de dólares fue asaltado cerca de la ciudad de Robore, al este de Bolivia. Las autoridades arrestaron a Mariano Tardelli, líder de la banda de narcotraficantes brasileña Primer Comando Capital (PCC), diciendo que se había estado escondiendo como ganadero en Santa Ana, una ciudad al este de Bolivia. Allí mantuvo dos grandes propiedades llamadas “Laura” y “Alborada” y, según se informa, se congració con los lugareños haciendo grandes fiestas con bandas en vivo, regalando ganado y colaborando con trabajo a los de la comunidad.
Carlos Noel y Héctor Fabio Buitrago, primos del narcotraficante colombiano y líder paramilitar Martín Llanos, fueron arrestados en 2011 en Santa Cruz de la Sierra, donde Carlos Noel era visto como un “ganadero próspero colombiano y un extraordinario empresario”, según el periódico colombiano El Tiempo.
Y Maximiliano Dorado, uno de los narcos más buscados de Brasil, obtuvo la ciudadanía boliviana y tuvo una ganadería en Santa Cruz hasta que fue expulsado de Bolivia en 2010. Su hermano, Ozzy Dorado, también ganadero y agricultor, fue detenido en Bolivia por cargos de organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas en 2013.
Según Joadel Bravo, ex fiscal antinarcóticos en Bolivia, Santa Cruz es un destino especialmente atractivo para los traficantes activos porque su economía está creciendo rápidamente y está cerca de El Chapare, una región donde hay muchas plantaciones de coca. También limita con Brasil y Paraguay, ambos destinos comunes para el narcotráfico.
Históricamente, Bolivia ha tenido el nivel más bajo de cultivo de coca en la región andina, después de Colombia y Perú. Sin embargo, desde 2015, el país ha visto un aumento constante en la cantidad de coca cultivada, según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y su potencial en la producción de cocaína pura se ha más que duplicado en la última década, según estimaciones de Estados Unidos.
En 2017, el presidente Evo Morales aprobó una ley que incrementaba el área donde se permite la producción de coca, de 12.000 a 22.000 hectáreas, superando las 15.000 hectáreas estimadas necesarias para satisfacer la demanda doméstica con fines tradicionales.
Bolivia es también un país de origen para el procesamiento de coca y cocaína y un importante punto de tránsito para la cocaína peruana, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.
La expulsión de la Administración para el Control de Drogas del país por parte del presidente Evo Morales en 2008 y la falta de equipos como radares y helicópteros también han hecho que Bolivia sea más vulnerable a los narcotraficantes, según Joadel Bravo, ex fiscal antinarcóticos. La corrupción en el poder judicial y la policía, los recursos judiciales insuficientes y la interferencia política también dificultan la lucha contra el tráfico de drogas, según el Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos.
En una entrevista con El Deber, el ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, reconoció que los sectores agrícola y ganadero del país se habían convertido en refugios útiles para los traficantes.
“Esta gente se ha entre comillas refugiado en Bolivia y ha fingido actividad empresarial”, dijo. “O de hecho ha contituído la actividad empresarial, seguramente con los recursos ilícitamente obtenidos de la actividad del narcotráfico y en la esperanza de poder lavar esos dineros obtenidos por actividades aparentemente de emprendimiento productivo, sea la agricultura, la ganadería preferentemente”.
Pero dijo que el gobierno estaba trabajando para hacer que el país fuera menos hospitalario para los delincuentes.
El Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos, una plataforma internacional de intercambio de inteligencia establecida en Santa Cruz de la Sierra en mayo pasado con el apoyo de la ONU, está construyendo una base de datos de movimientos de capitales y organizaciones criminales, y el gobierno ahora utiliza un nuevo sistema automático de identificación de huellas dactilares para establecer las identidades de las personas, dijo Romero.
En la inauguración del centro, el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Bolivia, Thierry Rostan, destacó la “posición estratégica de Bolivia y especialmente de Santa Cruz de la Sierra como punto de tránsito internacional de droga”.
Un caso reciente de alto perfil muestra cómo el narcotráfico ya ha corrompido las fuerzas policiales de Bolivia. En marzo, dos altos funcionarios de la policía de Santa Cruz fueron suspendidos y detenidos por presunto tráfico de drogas.
El Coronel Gonzalo Medina, ex director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en Santa Cruz, y el Capitán Fernando Moreira, ex jefe de la División de Propiedad de la Fuerza Especial, fueron acusados por planear mover 40 kilos de drogas desde Bolivia a Estados Unidos vía Panamá. El caso surgió luego de que una grabación de audio e informes de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico fueran filtrados al periódico boliviano Los Tiempos de Cochabamba.
Los dos hombres también están siendo investigados por presuntos vínculos con Pedro Montenegro Paz, quien está acusado de tráfico de drogas y ha sido buscado por Brasil desde 2015 por presuntamente suministrar más de 1.000 kilos de cocaína de alta pureza a la mafia italiana Ndrangheta.
En enero, Rostan volvió a advertir sobre un aumento en el número de extranjeros que ingresan al país para participar en el comercio de drogas. Entre 2017 y 2018, 469 extranjeros fueron detenidos en Bolivia por tráfico de drogas, incluidos 142 colombianos, 121 peruanos, 83 argentinos y 58 brasileños.
Rostan también recomendó una mayor coordinación entre las agencias gubernamentales para identificar a los traficantes antes de que ingresen a Bolivia.
El coronel Maximiliano Dávila, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Bolivia, no respondió a una solicitud para obtener su comentario.
González Valencia finalmente fue capturado en diciembre de 2017, no en Bolivia, sino en Brasil. Había viajado a aquel país con un amigo boliviano, Mario Genaro Soljancic Fernández, un vendedor de productos veterinarios para ganado.
González Valencia planeaba reunirse con su esposa e hijos, que viven en Estados Unidos, para pasar unas vacaciones en el centro turístico de Taíba, en la costa noreste de Brasil. Bajo el nombre de Soljancic, alquilaron un auto y una villa junto al mar, que tenía una cancha de baloncesto y una piscina pequeña, por 15 días.
En respuesta a una solicitud de arresto de Estados Unidos pasada a funcionarios de Brasilia, la policía de la ciudad de Fortaleza identificó el auto que fue alquilado y luego pasó días monitoreando las cámaras de seguridad hasta que lo encontraron, dijo Aldair da Rocha, el oficial a cargo de la operación. González Valencia fue arrestado en las tiendas frente a Beach Park, un parque acuático y un centro turístico cercano, el 27 de diciembre de 2017. Llevaba su identificación boliviana.
Fortaleza, con una población de 2,65 millones, es una de las ciudades más grandes del noreste de Brasil y sus playas en el Atlántico la convierten en un excelente destino turístico.
Pero Seguridad, Justicia y Paz, una ONG mexicana, regularmente clasifica a Fortaleza como una de las ciudades más mortales del mundo. En 2018, tenía el noveno índice de homicidios más alto del mundo, con 69 asesinatos por cada 100.000 habitantes. En enero, grupos criminales llevaron a cabo más de 160 ataques contra autobuses, camiones de correo, edificios gubernamentales y bancos en Ceará, el estado cuya capital es Fortaleza. El gobierno, encabezado por el recién inaugurado presidente Jair Bolsonaro, envió 300 tropas para tratar de controlar la situación.
Según la BBC, cuatro grupos criminales tienen presencia en el estado: Primer Comando Capital, Comando Rojo, Familia del Norte y la pandilla local Guardianes del Estado. El estado de Ceará también se ha convertido en un importante centro de comercio de cocaína.
Fortaleza, ubicada en el punto más cercano de Brasil a África y Europa, tiene un importante puerto y un aeropuerto internacional con vuelos directos a muchos destinos en el mundo.
Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, “Brasil es un importante país de tránsito y destino para la cocaína. Sus fronteras con los países de origen de la cocaína de Colombia, Perú y Bolivia son porosas y la longitud es tres veces mayor que la frontera de Estados Unidos con México".
El mercado interno también se ha vuelto muy lucrativo, ya que Brasil es el segundo mayor consumidor de cocaína en el mundo después de Estados Unidos.
“De un corredor de drogas, [Brasil] se ha convertido en un país de consumo. ¿Por qué? Porque también es un mercado atractivo, y cada país de tránsito se convierte en un país de gran consumo", dijo Walter Maierovitch, director del Instituto de Ciencias Penales Giovanni Falcone y ex secretario nacional antidrogas.
La revelación de que un narcotraficante que era buscado, hubiera vivido sin ser detectado en Bolivia durante casi dos años, causó un gran revuelo.
El funcionario responsable de inmigración en Santa Cruz, Henry Baldelomar, culpó a México por la “debilidad del control de su documento de identidad”.
Los funcionarios mexicanos no respondieron a las reiteradas solicitudes para obtener un comentario.
La Dirección General de Inmigración de Bolivia dijo que Interpol nunca emitió alertas por “Jafett Arias Becerra”. La Dirección no respondió a múltiples solicitudes de entrevista. Después del arresto de González Valencia, dijo en una declaración escrita que se le había otorgado una “permanencia temporal de un año por familia” justificada por su “dependencia económica” y “relación sentimental con ciudadana boliviana”.
Sin embargo, no se conoce que González Valencia haya tenido una relación con alguna boliviana, y al llegar dijo a las autoridades que no conocía a nadie allí. Después de su arresto, sólo admitió usar un pasaporte falso.
“Yo nunca participé de ningún narcotráfico, en ninguna parte”, dijo González Valencia a un juez brasileño en un titubeante portugués.
Ahora está cumpliendo una sentencia por usar un documento falso y está esperando la extradición a Estados Unidos en la Penitenciaría Federal de Brasil en Mossoró, una cárcel de máxima seguridad para los presos particularmente peligrosos.
En febrero de 2018, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos entrevistó a González Valencia. Su abogado, Otoniel Maia de Oliveira Júnior, dijo que su cliente negaba ser la persona que buscaban. La DEA declinó hacer comentarios.
La Corte Suprema Federal de Brasil recientemente extendió su condena de prisión, citando la extradición pendiente, el “riesgo extremadamente alto del individuo” y sus vínculos con el CJNG.
Según los documentos de bienes raíces obtenidos por el socio de OCCRP, El Deber, González Valencia todavía era propietario de su propiedad boliviana en marzo.
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