Dante Mossi, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), está convencido de que patrocina “sueños”. Según él, donde otros bancos de desarrollo ven obstáculos, el BCIE ve posibilidades.
“El BCIE se diferencia de otros bancos de desarrollo porque permite a los países soñar en grande”, señaló durante un evento virtual el año pasado.
El BCIE nació en plena Guerra Fría, a partir del sueño de dar a los países centroamericanos un mayor control sobre su propio desarrollo. Hoy en día representa casi la mitad de los fondos para el desarrollo de la región, y desempeña un papel crucial en el financiamiento de proyectos a gran escala que de otro modo nunca tendrían la posibilidad de concretarse.
Sin embargo, algunos de estos grandes sueños se han desvirtuado.
Aunque el BCIE pretende apoyar un desarrollo “equilibrado” en Centroamérica, el OCCRP y otros medios asociados pudieron constatar que los préstamos del banco se han utilizado en tramas de soborno, se han desembolsado en proyectos hidroeléctricos incluso tras la muerte de manifestantes y se han desviado para financiar los proyectos predilectos de dictadores.
Para Centroamérica, las prácticas crediticias del banco tienen implicaciones de gran magnitud. El BCIE ha sido blanco de críticas por otorgar miles de millones de dólares a los dictadores de la región, que dependen del banco para acceder a financiamiento a menor costo en mercados internacionales.
“El BCIE debe tener en cuenta el historial de violaciones de los derechos humanos y el autoritarismo cada vez mayor en la región”, afirmó el abogado y activista político nicaragüense Juan Diego Barberena.
“El banco no ha tenido las normas que garanticen una gobernabilidad transparente en la forma en que concede financiamiento. Es necesario hacer una reevaluación, empezando por poner fin al financiamiento de regímenes antidemocráticos, violadores de los derechos humanos y corruptos”.
Medios asociados: Columbia Journalism Investigations (CJI), unidad de investigación periodística de la Escuela de Periodismo de Columbia; el proyecto de colaboración periodística centroamericana Redacción Regional, que incluye ContraCorriente en Honduras, No-Ficción en Guatemala, Lado B en Costa Rica, Focos en El Salvador, Confidencial y Divergentes en Nicaragua, y La Prensa Panamá en Panamá; KCIJ-Newstapa en Corea del Sur, Taiwan Anti-Corruption & Whistleblower Protection Association (TAWPA) en Taiwán, y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).
Edición: Caroline Henshaw (OCCRP), Ilya Lozovsky (OCCRP), Sally Mairs (OCCRP), Miranda Patrucic (OCCRP), Julia Wallace (OCCRP)
Redacción y reportajes: Mariana Castro (CJI), Eli Moskowitz (OCCRP), Madeline Fixler (CJI) Andrew Little (CJI), Jonny Wrate (OCCRP)
Investigación y datos: Mariana Castro (CJI), Romina Colman (OCCRP), Madeline Fixler (CJI) Andrew Little (CJI) Giannina Segnini Segado (CJI) Angus Peacock (OCCRP)
Coordinación: Caroline Henshaw (OCCRP), Kristen Lombardi (CJI) Eli Moskowitz (OCCRP), Jonny Wrate (OCCRP)
Verificación de datos: Birgit Brauer (OCCRP), Olena LaFoy (OCCRP), Maura Quatorze (OCCRP)
Diseño y gráficos: James O’Brien (OCCRP), Edin Pašović (OCCRP)
Producción web: Fabienne Meijer (OCCRP)
Periodistas: Jennifer Avila (Contracorriente), Bill Barreto (No Ficción), Mariana Castro (CJI), Romina Colman (OCCRP), Madeline Fixler (CJI), Osvaldo Hernández (No Ficcion), Vienna Herrera (Contracorriente), Brian Hioe (TAWPA), Jiyoon Kim (KCIJ-Newstapa), Sol Lauría Paz (La Prensa Panamá), Cindy Lee (TAWPA), Andrew Little (CJI), Danielle Mackey (freelance), Wilfredo Miranda (Divergentes), Eli Moskowitz (OCCRP), Iván Olivares (Confidencial), Ernesto Rivera (Lado B), Giannina Segnini Segado (CJI), Fernando Silva (Contracorriente), Diana Ulloa (Divergentes) Daniel Valencia (Redacción Regional and Focos), Jonny Wrate (OCCRP), Tsung-Ching Wu (TAWPA)